EL NUEVO MODELO DE APOYOS AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unides (CDPD), establece que las personas con cualquier tipo de discapacidad deben disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La CDPD indica cómo se han de aplicar los derechos a las personas con discapacidad e identifica las áreas en que se han de adaptar los ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos.

El artículo 12 de la CDPD, establece que se debe reconocer a todas las personas con discapacidad, la capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto al conjunto de los ciudadanos, en todos los aspectos de la vida, y que las personas con discapacidad han de tener acceso a las medidas de apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica.

El Estado español, con el objetivo de adaptar su normativa a la CDPD, publicó la Ley 8/2021, de 2 de junio, per la cual se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 03/09/2021; reforma el procedimiento de modificación judicial de la capacidad de obrar y lo sustituye por los procesos sobre provisión de medidas judiciales a las personas con discapacidad.

Catalunya, tiene competencias en materia de derecho sustantivo en referencia a las instituciones de protección de les personas con discapacidad; es por ello que ha promulgado el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el cual se adapta el Código Civil de Catalunya a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad, Decreto que también entró en vigor el mismo día.

Por tanto, el nuevo modelo establece la supresión de la modificación judicial de la capacidad y relaciona la dignidad inherente de las personas con su autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones.

Con esta reforma, el Estado español ha adoptado como nueva figura vertebradora la institución de la Curatela, en cambio, el legislador catalán ha adoptado como figura central el conjunto de instituciones de protección de la persona, la ya conocida ASISTENCIA, con nuevos matices y colores.

En ambos ordenamientos, a partir de la entrada en vigor de sus respectivas reformas, la tutela, la curatela y la potestad parental prorrogada o rehabilitada ya no se pueden constituir en relación a las personas mayores de edad. El Estado español adopta la figura de la Curatela, y en Catalunya, con derecho sustantivo propio, se adopta el régimen de la Asistencia.