PREGUNTAS FRECUENTES

  • Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2.006, por la Asamblea General de Naciones Unidas (CDPD)
  • Libro II Código Civil de Catalunya (CCCat)
  • Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el cual se adapta el Código Civil de Catalunya a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. Entrada en vigor 03/09/2021.
  • La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la cual se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Entrada en vigor 03/09/2021.

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de desembre de 2006, es un tratado internacional que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente.

Son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción, por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, uso o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

La entrada en vigor de la nueva normativa consagra el artículo 12 de la CDPD y en consecuencia la supresión de la modificación judicial de la capacidad.
Esto supone que debe reconocerse a todas las personas con discapacidad la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, respecto al conjunto de los ciudadanos, en todos los aspectos de la vida, y que les personas con discapacidad han de tener acceso a las medidas de apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de esta capacidad jurídica.

La entrada en vigor de la Reforma supone un cambio de sistema en nuestro ordenamiento jurídico. El anterior en el que predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, es sustituido por el actual que se basa en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

Apoyo, es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: un acompañamiento, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas, o incluso, la toma de decisiones delegadas para la persona con discapacidad. Excepcionalmente, el apoyo puede concretarse en la representación en la toma de decisiones.

No. Esta nueva regulación supone un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad. Hasta ahora, había predominado la sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad, pero ahora lo que imperará es el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, estableciendo como regla general que ella será la encargada de tomar sus propias decisiones.

La idea central es que, como nuevo sistema se tendrá que proveer a la persona de todo el apoyo que pueda requerir para el ejercicio de su capacidad jurídica, a la vez que se proporcionan las salvaguardas adecuadas y efectivas para que no se produzcan abusos, de conformidad con el Derecho internacional en materia de derechos humanos.

Se sustituye el tradicional proceso de modificación de la capacidad por otro que tiene como objetivo proporcionar los apoyos a las personas con discapacidad.
El procedimiento de apoyos conduce a una resolución judicial que determina los actos para los que la persona con discapacidad necesita apoyo, pero en ningún caso, hacia una declaración de incapacitación.

Todas ellas tienen en común que tienen que establecerse teniendo siempre en cuenta el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.
Existen diversas clasificaciones, pero si nos basamos en la forma de establecimiento de los apoyos, podemos clasificarlas de la siguiente manera:

• Notariales: la nueva regulación otorga preferencia a estas, y son las que puede tomar la propia persona con discapacidad. Entre estas se encuentran: los poderes preventivos, el documento de voluntades anticipadas, patrimonio protegido, la asistencia. Esta última se convierte en la figura de apoyo prioritaria en Catalunya que incorpora como principal novedad que también se puede constituir en escritura notarial.

• Judiciales: en este supuesto, la asistencia también es la figura más relevante, puede ser establecida por la autoridad judicial si es instada por la propia persona o terceras personas legitimadas como medida de apoyo judicial. Otra figura es la del defensor judicial, en caso de conflicto o imposibilidad de ejercicio del apoyo habitual, y también en el caso de la guarda de hecho, quién para determinados actos, tendrá que solicitar autorización judicial.

Las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica se tienen que establecer y ejercer, en todo momento, atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad con la “finalidad de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desarrollo jurídico en condiciones de igualdad”.

Por tanto, estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales y tendrán que ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

A partir de la entrada en vigor del Decreto Ley, la tutela, la curatela y la potestad parental prorrogada o rehabilitada ya no se pueden constituir en relación con las personas mayores de edad. Se les tendrá que aplicar, si corresponde, el régimen de asistencia.
Queda reservada la tutela para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad.

Esta Ley estatal, respecto del contenido no procesal, de derecho civil sustantivo, no es de aplicación directa en Catalunya, ni tampoco de aplicación supletoria, de acuerdo con los artículos 111-2 y 111-5 del Código Civil de Catalunya.
Sí es de aplicación su contenido procesal.
En materia de derecho sustantivo, en Catalunya aplicaremos el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el cual se adapta el Código Civil de Catalunya a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad; y el Libro II del CcCat.

El nuevo régimen establece como principal institución de apoyo la figura de la Asistencia, que a partir de ahora reemplaza en Catalunya las tutelas y las curatelas, las potestades parentales prorrogadas y rehabilitades y otros regímenes tutelares.

Se puede designar la persona que ha de prestar la asistencia tanto per la vía judicial, como mediante el otorgamiento de una escritura pública notarial.

La Asistencia puede tener funciones tanto del ámbito personal como del patrimonial.
Para determinar su alcance, se tendrán en cuenta la voluntad, los derechos y las preferencias de la persona.
Sólo en casos excepcionales y para determinados actos concretos se puede asumir la representación de la persona asistida.
Las medidas que se adopten serán objeto de revisión periódica en el plazo y forma que se establezca.

El asistente tendrá que cumplir las medidas de control y supervisión acordadas en la escritura de constitución o en su caso en la resolución judicial de constitución; como régimen supletorio aplicaremos las reglas que eran de aplicación, hasta ahora, a la tutela.

En la normativa estatal, la institución objeto de una regulación más detallada es la Curatela, principal figura de apoyo para las personas con discapacidad.
La curatela será, principalmente de origen asistencial, de manera excepcional se le podrán atribuir funciones representativas.

Se mantienen en los términos en que fueron acordadas, sin perjuicio de la modificación judicial a instancia de la propia persona o de quien le presta asistencia, para adaptarlas a la nueva normativa.

Las personas con apoyo y aquellas que dan el apoyo pueden solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas para adaptarlas a la supresión de la modificación judicial de la capacidad y aplicar, si procede, el régimen de asistencia.
En caso de que no exista solicitud anterior, la revisión se efectuará de oficio por la autoridad judicial, o a instancia del Ministerio Fiscal, en un plazo máximo de tres años.

Son todas aquellas que puede establecer la propia persona con discapacidad. En Catalunya, con regulación propia en esta materia, la persona mayor de edad que necesite de apoyo para ejercer su capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, puede solicitar la constitución de la asistencia, que como principal figura voluntaria se puede constituir notarial o judicialmente.
Otras figuras voluntarias son los poderes preventivos, la delación voluntaria, el documento de voluntades anticipadas, el patrimonio protegido.

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya ofrece Asesoramiento personalizado a personas con diagnóstico de salud mental, a sus familias y a los profesionales sobre las medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Prestamos también asesoramiento a entidades privadas y administraciones en cualquier ámbito de nuestra actividad.

Por otra parte, la Fundación ofrece el Servicio de Apoyo Previo para acompañar en el proceso de establecimiento de las medidas de apoyo a las personas para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este servicio está diseñado para personas que pueden requerir de figuras de apoyo preventivas o voluntarias, teniendo estas medidas prevalencia sobre las judiciales. Aunque si son necesarias se velará porque se presten las salvaguardas que sean necesarias, velando porque éstas sean proporcionales al grado en que les medidas puedan afectar a los derechos y los intereses de les personas.

La Fundación también presta el Servicio de apoyo a las personas con diagnóstico de salud mental, realizando el seguimiento continuado a través de un equipo multidisciplinar que incluye profesionales de diversas áreas, como la social, jurídica, económica y patrimonial.

En base a la valoración de las necesidades específicas de cada persona se realiza un plan de apoyos personalizado en consonancia con su voluntad, deseos y preferencias, que puede incluir:

• Atención social: dar apoyo a la elaboración del proyecto de apoyo vital en los ámbitos que lo necesite, como puede ser: cobertura a las necesidades básicas de la persona, rehabilitación, evolución médica, búsqueda de recursos residenciales, estudio de la inserción en el mercado laboral, tramitación de documentación, etc.

• Apoyo en la gestión económica y patrimonial: apoyo en la administración de sus bienes y en la realización de un presupuesto mensual de gastos e ingresos.

• Asesoramiento jurídico: apoyo a la persona para que pueda ejercer sus derechos.